Políticas estatales contra la malnutrición

En el Perú, en los últimos años dejamos de hablar de desnutrición para hablar de una malnutrición. Esta se encuentra enraizada en nuestra población: en el 12% de nuestras niñas y niños menores de 5 años que padece de desnutrición crónica infantil y el 43,5% de niñas y niños menores de 3 años sufre de anemia (según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2018), a los que se suman 3 de cada 10 niñas y niños en edad escolar, que sufren de sobrepeso u obesidad. Son ellos, los futuros adultos, votantes y decisores de políticas, quienes en la edad en que desarrollan su máximo potencial intelectual padecen de enfermedades que impiden el alcance del mismo.

Las altas cifras de esta malnutrición son consecuencia de la convergencia de múltiples factores conductuales, sociales, económicos y culturales. Por ende, urgen políticas públicas con un enfoque de la alimentación como un derecho humano (OMS, 2018), que enfrenten la malnutrición por todos los frentes y con la participación de todos. Debido a esto, los planes y programas nacionales que incentiven el trabajo multisectorial e interdisciplinario tienen que basarse en: brindar una seguridad alimentaria; disponibilidad y accesibilidad a alimentos de alta calidad nutricional; proveer servicios de salud adecuados y accesibles; enfocarse en la promoción y prevención de la salud como pilar estratégico y, por último, promover el empoderamiento de la comunidad, haciéndolos agentes activos en la consecución de su salud.

El Plan Multisectorial para la Lucha contra la Anemia y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, muestran que, como Estado, estamos tomando consciencia de la multicausalidad de los problemas nutricionales del país. Aquí se apuesta por un plan que engrane el sector salud, educativo, agrario, industrial y la sociedad civil, con el fin de mejorar los índices de malnutrición, a través de la educación y el mejoramiento de la calidad de vida en comunidad.

Sin embargo, se deben incorporar estrategias de sensibilización, que visibilicen las disparidades económicas, sociales, educativas y alimentarias de nuestras poblaciones y utilizar enfoques diferenciados, según el contexto cultural, creencias de la población y necesidades según el género. Si bien las prioridades estatales del Perú, en temas de salud, están establecidas en el “Plan Bicentenario”, para el cumplimiento de nuestros objetivos hay diversas barreras que derribar y mucho camino por recorrer.