
Se requiere firmeza y transparencia. El gerente debe tener en claro la importancia de la ética en la gestión pública.
Los funcionarios no solo son técnicos, sino también políticos. Las decisiones que toman deben ir en la línea de los criterios del partido de gobierno que haya ganado las elecciones. Además, tienen que alinearse a las disposiciones de sus jefes, pero sobre todo deben estar sujetos a la ley y a la formación que han tenido en la casa, la escuela y la universidad. Así lo afirma Carlos Alza Barco, director de la” Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú”:http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/(PUCP).
GRAN PROBLEMA
En el ejercicio de sus labores, muchos gerentes han sufrido o sufren algún tipo de presión política. Alza Barco explica que estos casos se observan, de manera especial, en el interior del país, donde los funcionarios reciben directivas del alcalde o el gobernador regional. Esto genera que la coacción sea más fuerte.
Por su parte, Pedro Pablo Alayza, director del Museo Pedro de Osma, explica que la presión política es permanente en la labor del gerente público. “La fiscalización está por todos lados: los medios de comunicación, la opinión pública, el Congreso de la República, entre otras organizaciones”.
Martha Ferreyros Paredes, directora ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), precisa que la tensión entre políticos y técnicos es parte de la esencia de la gerencia pública. Es una relación entre el “poder hacer algo” y “hacer lo que se puede”. “Mientras mayor sea el nivel de autoridad, presupuesto y/o vinculación con la población, mayor es la posibilidad de recibir presión política”.
Agrega que esto se evidencia de diferentes maneras. Pueden ir desde recomendaciones hasta imposiciones. Lo importante es que la decisión de gerencia siempre apunte a darle sostenibilidad a las políticas públicas, explica Ferreyros Paredes. Si el político lo entiende, va por buen camino. Si se encapricha y tiene otros intereses que no son públicos, es allí donde se generan problemas.
EXPERIENCIAS
Susana Silva Hasembank, inspectora general del Sector Interior, señala que durante los más de 20 años de servicio en la gestión pública no ha sufrido de alguna presión política. “La labor que realizo es una tarea muy sensible. Anteriormente fui la coordinadora general de Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción y nunca tuve alguna presión, mucho menos una sugerencia para realizar o no un tema que no esté dentro del plan de trabajo”. A su turno, Carlos Alza, quien fue defensor adjunto para Servicios Públicos y Medioambiente de la Defensoría del Pueblo, afirma que la principal dificultad que ha podido observar y que se debe cambiar es el tema del control. “¿Por qué los funcionarios públicos no son innovadores? A veces es por miedo, ya que si uno trata de hacer algo interesante y nuevo, la Contraloría viene y te dice que no has cumplido la ley y te sanciona”.
PRINCIPALES TRABAS
La gestión pública en el Perú afronta una serie de dificultades. *Pedro Pablo Alayza señala que durante su gestión, por ejemplo, el orden presupuestal y administrativo era uno de los principales problemas, debido a que en el país no ha habido una política cultural seri*a. “Era muy complejo porque el objetivo era hacer entender que la cultura tiene un valor para la sociedad y contribuye a la pacificación y el mejor desarrollo de la sociedad”.
Aunque se está trabajando en un proceso de simplificación administrativa, a fin de luchar contra la burocracia, Susana Silva Hasembank explica que los procesos no se han materializado de una manera rápida. Esto genera descontento en los ciudadanos y empresarios porque sienten que es un Estado que aún no mira a la población como eje de sus funciones.
La independencia para ejercer sus tareas también es un problema. Martha Ferreyros comenta que depende del jefe inmediato, que puede ser otro gerente de mayor nivel, un viceministro, un ministro o un alcalde. Por eso, el gerente debe tener en claro la importancia de la ética en la gestión pública y los riesgos que implica ceder a presiones políticas que puedan vulnerar normas y derechos.