Para la especialista, es necesario definir parámetros que garanticen la calidad de las acreditaciones.
La educación superior está pasando por importantes transformaciones que requieren repensar los procesos de aseguramiento de la calidad. La democratización del acceso y la creciente demanda por calificaciones han generado una proliferación y diversificación de proveedores y modalidades de servicios educativos: más universidades e institutos, públicos y privados, con y sin fines de lucro, que muchas veces ofrecen servicios educativos en modos no tradicionales.
Hay una tendencia a la *internacionalización *de la educación superior: instituciones que compiten a nivel global o que ofrecen sus servicios más allá de las fronteras nacionales; una creciente movilidad internacional de estudiantes y graduados que requieren del reconocimiento de sus calificaciones, y empleadores que necesitan garantías de que estas son de calidad.
Existe también una creciente comercialización de la educación superior que, para muchos países, se ha constituido en una importante industria, e incluso en un bien exportable, pero que también ha dado lugar a la existencia de servicios de calidad dudosa. En este contexto, asegurar la calidad educativa resulta fundamental y la acreditación internacional es uno de los principales mecanismos para hacerlo. Pero se trata de procesos complejos.
Por un lado, existen visiones distintas de la calidad educativa. Desde las que enfatizan los recursos y procesos conducentes a lograr objetivos que incluyen el desarrollo intelectual, el compromiso social y cívico, hasta visiones acotadas que enfatizan solo la *empleabilidad *y los retornos económicos. Por otro lado, existe una industria de la acreditación internacional y entidades comerciales que emiten certificaciones de calidad cuestionable.
La acreditación internacional solo puede constituirse en una garantía de calidad en el marco de un debate público sostenido sobre qué es la calidad y de una regulación adecuada de los procesos de acreditación. Iniciativas como las de Unesco/OECD, de definir parámetros que guíen los procesos de acreditación internacional, salvaguardando la función pública y social de la educación superior, son importantes en este sentido.