
El Estado podría ahorrar 200 millones de soles simplificando sus trámites burocráticos.
Durante la coyuntura electoral mucho se habló de la reforma del Estado y de la necesidad de desburocratizar muchos de sus procesos con el fin de brindar mejores servicios a los ciudadanos. Sin embargo, poco se habló sobre el cómo enrumbar el aparato estatal en el camino de la modernización.
“Las distintas entidades administrativas del país deben cumplir con eficacia el cometido de servir a los intereses generales de la sociedad. No olvidemos que el Estado tiene como mandato constitucional brindar a los ciudadanos servicios de calidad que hacen efectivos distintos derechos fundamentales como salud, educación, seguridad, justicia y otros servicios públicos esenciales”, afirmó Jorge Danós, socio del estudio Echecopar.
CAMBIOS URGENTES
1. Según los expertos, hacen falta cambios sustanciales de pensamiento y orientación. “En primer lugar, se debe hacer algo para que los cargos públicos sean atractivos para los profesionales más destacados del mercado. Para ello, es imperativo que el nivel de los retos y las compensaciones estén a la altura del talento de alto nivel. En segundo lugar, se debe considerar la necesidad de mejorar los procesos administrativos ineficientes y reducir al máximo los costos innecesarios. Por último, el Estado debe tener claro que el desarrollar proyectos innovadores es una necesidad”, sostuvo Christian Privat, director audit de KPMG Perú.
2. Erick Uriarte, docente de la Maestría en Gestión Pública de Postgrado de la UPC, opinó que para lograr una reforma se requiere un gran esfuerzo del Estado y de la sociedad en su conjunto. “La gestión pública es débil y el concepto de institucionalidad es todavía vago y ajeno. De modo general, se puede afirmar que hacer gestión en el sector público es todo un reto por lo engorroso que resulta cumplir para los propios funcionarios las formalidades que se exigen internamente. Complicaciones operativas que se trasladan a los usuarios”, puntualizó.
3. Otro problema que afecta a la gestión pública es la debilidad institucional para planificar y fijar objetivos. Según señaló Uriarte, el 90% de las entidades carece de verdaderos planes y se limitan a elaborar documentos a los que les denomina planes solo para cumplir el requisito de tenerlos. “De esta debilidad se derivan otros problemas como la asignación de presupuesto a acciones no priorizadas o de impacto mínimo. La consecuencia más saltante de no contar con un plan maestro es que los proyectos de inversión pública se generan de forma desarticulada”, precisó.