Los bufetes solicitan especialistas en derecho laboral, tributario, corporativo y constitucional.
A Mariela Sánchez, estudiante de derecho de sexto ciclo, ya no le causa sorpresa escuchar nuevas noticias del mayúsculo escándalo de corrupción encabezado por la empresa Odebrecht (que entre 2005 y 2014 pagó aproximadamente US$29 millones de dólares en sobornos para beneficiarse con la construcción de obras públicas en nuestro país). Son más noticias de coimas, corrupción y defraudación, “más de lo mismo”, nos dice.
Entró a estudiar derecho interesada en el proceso. “Y sí, he sufrido una decepción al ver cómo solo los que tienen dinero tienen los beneficios de la justicia”, sostiene la alumna de 26 años.
La corrupción es un problema inherente a la condición humana y tan antiguo como la misma organización política. Es gracias a la transparencia informativa, la pluralidad de los medios de comunicación y las redes sociales, que los escándalos de corrupción que antes se ocultaban fácilmente, hoy salen a la luz. Esto crea un nuevo panorama para las facultades de derecho.
Según Luis García Corrochano, decano de la facultad de derecho de Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC), la mejor respuesta es poner énfasis en las habilidades personales del estudiante. “Por ejemplo, incidir que citen las fuentes, usen comillas, nombren autores, etc”. Estos son una serie de detalles aparentemente metodológicos, “pero que sobre todo enseñan al alumno a respetar y no atribuirse la propiedad intelectual”.
“Es insuficiente querer enseñar valores memorizando decálogos o con clases magistrales sobre ética”, coincide Ernesto Álvarez Miranda, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Todas las asignaturas deben trabajarse paralelas a la coyuntura nacional y mundial, y según competencias valorativas, conceptuales y procedimentales.